Hasta hace muy poco tiempo, las comunidades y órdenes religiosas en México vivían en una ambigüedad digna de una novela del realismo fantástico latinoamericano: estaban proscritas, pero muchas de ellas eran las elegidas por los políticos para educar a sus hijos.
La historia de esa proscripción –que ahora toma fuerza en otro país latinoamericano, Nicaragua—comenzó hace 160 años, concretamente el 26 de febrero de 1863 cuando se hizo realidad una de las leyes de Reforma más significativas para el intento emprendido por el gobierno liberal de Benito Juárez de limitar (quizá borrar) la presencia de la Iglesia en México: la ley de Extinción de Comunidades Religiosas.
En los antecedentes de esta ley se afirmaba que, dado que los conventos eran “el arsenal” de la Iglesia, pues recibían muchos legados, herencias, donativos y dinero de los particulares, y que en ellos (en los conventos y casas de formación) «se privaba de su libertad” a muchas personas, pues de les obligaba a profesar votos que estaban en contra de su voluntad, había que suprimirlos.
Con tal acción, el gobierno de Benito Juárez especuló con la desaparición, primero, de las órdenes religiosas y, después, de la Iglesia católica en su conjunto. Si se revisa el contenido de la ley de Extinción de Comunidades Religiosas se encuentran dos vertientes:
- Que las comunidades religiosas tenían no solamente que desocupar sus edificios o casas de formación, sino entregarlos, junto con sus bienes económicos, a las oficinas del Ministerio de Hacienda (a excepción de aquellos bienes que pudieran comprobar que eran «de su exclusiva propiedad», es decir: que estuvieran a su nombre).
- Que el gobierno se haría cargo de entregar las dotes de las religiosas que no las hubieren recibido y, mientras tanto, el mismo gobierno se haría cargo de su manutención.
La guerra de Reforma –que enfrentó entre 1858 y 1861 a liberales anticatólicos y a conservadores pro-católicos—había terminado con el triunfo de las armas liberales. La segunda intervención francesa a México del siglo XIX estaba en su apogeo. Los liberales sostenían que la Iglesia católica apoyaba a las fuerzas de ocupación porque quería volver al régimen de privilegios de la colonia.
Estas razones de fondo, junto con la imperiosa necesidad de contar con dinero para poder gobernar, pagar la nómina de los funcionarios del régimen itinerante de Benito Juárez y defenderse de los franceses, dieron por resultado el decreto de Extinción de las Comunidades Religiosas.
Ciertamente fue un duro golpe para ellas. Pero no alcanzaron a extinguirse. Como sí pasó con el dinero que, se suponía, se les iba a cuidar a las monjas o se iba a aplicar para el bien público: ése sí se extinguió sin dejar rastro.
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