Chile lleva siete días ininterrumpidos de manifestaciones y de estado de emergencia, con los militares y carabineros de fuerzas especiales en la calle.
Sin embargo, al interior de las marchas se encuentran personas más radicales, grupos minoritarios, que comienzan con actos vandálicos, saqueos e incendios; es en esos hechos donde militares y carabineros han actuado produciendo muertes y casos, que se están investigando, de violación de derechos humanos.
La Fiscalía Nacional entregó este viernes una nueva actualización de las personas fallecidas desde el 18 de octubre pasado, las que alcanzan a 17.
La Conferencia Episcopal de Chile emitió una carta donde recalca:
“La vida de todos quienes vivimos en Chile y el respeto a la dignidad y los derechos de cada persona y la inculcación de sus deberes ha de ser una preocupación de todos nosotros.Unidos al dolor de los familiares de quienes han perdido la vida y de tantos que han resultado heridos, llamamos a todas las personas que se están manifestando y a los organismos y autoridades competentes a velar por el respeto de los derechos fundamentales, el trato ajustado a derecho de las personas detenidas y el respeto a los servidores públicos llamados a mantener el orden y la seguridad de acuerdo a las normas que la ley consagra”.
Y la declaración de los obispos chilenos añaden:
“Evitar más derramamiento de sangre tiene que ser para todos la principal motivación en este momento para construir efectivamente la paz social. Los caminos de vida y unidad jamás se construyen con la muerte de compatriotas ni atropellando la dignidad de las personas, de todas las personas, independiente de su condición”.
Ante esta delicada y dolorosa situación el presidente, Sebastián Piñera, llamó a Michelle Bachelet, expresidenta de la República y actual Alta Comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para contarle de primera mano lo que está pasando en Chile y solicitarle la visita de un grupo de expertos de la oficina para que investiguen las denuncias; Piñera hizo lo mismo con Human Rights Watch para solicitar la visita de veedores.
La misión de la ONU está compuesta por tres expertos y llegarán a Santiago el lunes 28 y trabajarán en terreno hasta el 22 de noviembre. “Intentará reunirse con cargos del Gobierno, representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos y otros implicados para recoger información de primera mano”, informó la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
Por su parte, la Vicaría de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santiago implementó un plan de emergencia con las siguientes medidas de ayuda para quienes lo necesiten: Centros de Escucha y Orientación para personas y familiares que estén experimentando situaciones de vulneración de derechos.
También se está trabajando en orientación laboral, para trabajadores que necesitan aclarar dudas sobre vulneración de derechos en el lugar de trabajo, jornada de trabajo, sanciones, salud y seguridad entre otras.
Al mismo tiempo, el apoyo a la red de comedores parroquiales para que continúen atendiendo regularmente; y acompañamiento a comunidades de migrantes venezolanos donde se reforzó la red de comunidades de protección de ciudadanos venezolanos que operan al alero de la Vicaría en tres parroquias. En ellas las comunidades realizan actividades de contención y apoyo con el objetivo de que puedan elaborar de buena manera los miedos e inseguridades que les provoca la situación de emergencia que vive Chile.
La carta de los obispos también destaca que “Chile necesita levantarse desde la humildad y la generosidad mediante un diálogo constructivo y mayoritario, propio de la democracia, dejando de lado toda violencia, venga de donde venga”.
La situación del país del cono sur es, después de siete días, es aún una noticia en desarrollo.
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