Con este anuncio, la administración del presidente Donald Trump pone fin a una moratoria de 16 años. Por lo pronto, el fiscal Barr ordenó la ejecución de cinco presos condenados por el asesinato de niños.
“El Departamento de Justicia mantiene el estado de derecho, y les debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo Barr en un comunicado difundido por la prensa estadounidense.
Para muchos investigadores, la pena de muerte es inmoral (no se puede pensar en hacer el bien matando a una persona) y defectuosa: ha habido muchos casos de víctimas inocentes en la historia de Estados Unidos, por ejemplo.
Desde 2003 no se había ejecutado a ningún reo que estuviese en prisiones federales. Mucho tuvo que ver en esta moratoria la revisión, por parte del Departamento de Justicia del procedimiento de la inyección letal.
El Departamento de Justicia ha programado ejecuciones en diciembre y enero para los siguientes prisioneros: Daniel Lewis Lee, Lezmond Mitchell, Wesley Ira Purkey Alfred Bourgeois y Dustin Lee Honken, todos por matar menores de edad.
Todas las ejecuciones son para personas condenadas entre 1999 y 2004, y se anuncian justamente cuando el número de ejecuciones en prisiones estatales de Estados Unidos de 98 en 1999 a 25 en 2018, lo mismo que han disminuido las sentencias a la pena capital.
Hay ya 21 de los 50 estados que componen la Unión Americana que han abolido completamente la pena capital. En varios estados más, aunque no ha sido abolida, simplemente ya no se usa; sin embargo aún 54 por ciento de los ciudadanos estadounidenses están a favor de ella.
Según el Pew Research Center, la mayoría de los militantes republicanos todavía lo respaldan, mientras que los demócratas se oponen, generalmente, a la pena de muerte. En este sentido, el presidente Donald Trump ha sido un defensor abierto de la pena capital durante décadas.
Hay, en la actualidad, 2.600 personas sentenciadas y en el “corredor de la muerte”. Una muy pequeña fracción de ellas están en prisiones federales.
Pero el banderazo de salida está dado por el fiscal Barr. Y esto podría ser un acicate a estados como Texas, partidarios irrestrictos de la pena capital.
*Con información del Washington Post*
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