Los superhéroes de la gerencia están en los centros especiales de empleo
Hoy en día, el empleo es un reto para todos, pero más para las personas con discapacidad. En Europa existen diferentes vías para que las personas con capacidades especiales encuentren trabajo, como un sistema de cuotas, talleres protegidos, empleo con apoyo, etc.
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las personas con discapacidad son aproximadamente mil millones, un 15% de la población mundial.
Alrededor del 80% están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es, con frecuencia, denegado.
Las personas con discapacidad se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la información, que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.
Un reciente estudio del Banco Mundial revela que la exclusión de estas personas en Hispanoamérica no solo es injusta, sino insostenible.
“En la última década se han dado cambios legales e institucionales progresivos para los 85 millones de personas con discapacidad en Latinoamérica”.
Sin embargo, aún hay un largo camino entre los avances en la teoría y su implementación.
En América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es, en promedio, 11 puntos porcentuales más alta, y en países como Costa Rica y México, estas personas ganan un 20% menos que los trabajadores sin discapacidad.
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“La pandemia ha enfatizado las múltiples brechas que enfrentan los grupos vulnerables, y entre estos, las personas con discapacidad. Ha sacado a la luz disparidades en acceso a servicios de salud de calidad, la brecha digital, las barreras al mercado laboral, entre otros”, afirma Mª Elena García Mora, especialista sénior en Desarrollo Social del Banco Mundial.
Esta institución denuncia las barreras físicas, legales y sociales existentes y la necesidad de seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad con el fin de construir un futuro más próspero y resiliente.
“La exclusión de las personas con discapacidad puede representar una pérdida de entre 3 y 7% en el PIB de un país”
Banco Mundial
La situación en Europa es diferente, pero queda todavía mucho camino por recorrer. En España, los centros de empleo protegido son destinados a la integración de personas con discapacidad en el lugar de trabajo. En ellos se da trabajo a 76.000 discapacitados intelectuales.
Para el caso español, que es un referente internacional, el Estado prevé una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social, y una subvención (un porcentaje del salario mínimo interprofesional).
El resto del salario lo paga íntegramente el centro especial de empleo, con los rendimientos empresariales. “Aun así, la ayuda es insuficiente”, apunta el profesor del IESELuis Palencia, coautor del Libro Blanco sobre el Tercer Sector. El IESE y la Fundación José Antonio Segarra han organizado un curso para gerentes de este tipo de “empresas con corazón”, con retos tan titánicos como en cualquier deporte de riesgo.
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Luis Palencia nos explica las necesidades de estos centros y cómo los Estados y la sociedad en general pueden contribuir a minimizar el fuerte impacto que está suponiendo para ellos la crisis actual.
“Todos tenemos algún tipo de discapacidad y es necesario reconocer el carácter especial de estas personas. Trabajando se dignifican, con un horario, una ocupación, se sienten útiles, porque lo son”.
“Prefiero hablar de personas con capacidades especiales”, aclara. Y pone el foco de atención en aquellos centros donde trabajan personas con dificultades especialmente severas, a veces, con hasta un 60% de discapacidad física o intelectual”.
“El rendimiento económico que estos centros pueden sacar de su actividad está bastante constreñido. Económicamente, es una lucha a brazo partido”, explica.
Dificultades añadidas
Los gerentes cuentan con muchas dificultades añadidas a la empresa convencional. No sólo tienen que hacer frente a la competencia de empresas más productivas.
“En España se da la circunstancia de que ha subido el salario mínimo interprofesional. Una buena noticia para todos, pero insostenible para estos centros de trabajo, que ni siquiera tienen como objetivo obtener beneficios”, aclara Palencia. Ante esta situación, “se sienten indefensos”.
Sólo aspiran a la viabilidad para ayudar a estas personas que realizan muy bien los trabajos manuales. Otra dificultad es el fuerte incremento de la luz y del IPC en general.
Además, las personas con discapacidad intelectual sufren lo que se denomina envejecimiento prematuro. “A partir de los 40 años caen en picado”, afirma Palencia. Estas empresas cuidan de ellos durante toda la vida. “Si su rendimiento es bajo, cuando llegan a determinada edad cae todavía más”.
“A ello se le añade que, mientras una empresa normal busca vender su producto, los centros especiales buscan proyectos que sus empleados sean capaces de realizar”, advierte.
Tampoco existe el despido, a no ser que la empresa eche el cerrojo, claro. Como ha sucedido con algunas de ellas en tiempos de COVID. “La búsqueda de dinero es para sobrevivir”, concluye el profesor.
Uno de los objetivos del curso que plantea el IESE es la forma de poder colaborar unos centros con otros. Un día a la semana, estos gerentes se pararán a pensar, algo “novedoso” porque siempre están en el día a día apagando incendios.
Se reunirán 30 directivos de estos centros para discutir temas de empresa, conocer otros puntos de vista, y usarán el método de la discusión de casos. Cada uno hablará de su experiencia y se compartirán las mejores prácticas, se descubrirán carencias…
Las alianzas en el Tercer Sector es otro de los asuntos que abordará este curso. La generación de sinergias es a más largo plazo y son una vía de mejora.
“¿Qué ayuda deben prestar la sociedad y los Estados a estos centros de empleo? Subvenciones, ayudas al empleo y concienciar a la sociedad de que estos centros existen, pueden adquirir sus productos o contratar sus servicios”, comenta.
“En España, todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas por ley a contratar a un 2% de personas con alguna discapacidad. La mayoría no lo hace, por falta de interés, por desconocimiento.»
El profesor del IESE recuerda que “en España, todas las empresas con más de 50 empleados están obligadas por ley a contratar a un 2% de personas con alguna discapacidad. La mayoría no lo hace, por falta de interés, por desconocimiento. Los ciudadanos también pueden colaborar comprando productos y servicios de estos centros. Concienciar a la sociedad de que estos centros existen es un gran paso” concluye.
Todos tenemos algún tipo de discapacidad y es necesario reconocer el carácter especial de estas personas. “Trabajando se dignifican, con un horario, una ocupación, se sienten útiles, porque lo son”.
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