“Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país», había expresado el presidente Sebastián Piñera el pasado 1 de junio. En aquel entonces anunció que se le daría carácter de urgencia. El proyecto se venía discutiendo desde 2017 en Chile cuando la presidenta era Michele Bachelet.
«Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado, y también sobre el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas», expresó Piñera.
Una respuesta de la Iglesia
Luego de aquel anuncio del presidente de Chile, quien se pronunció fue el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile.
“El matrimonio establecido y querido por Dios es sólo entre un varón y una mujer, comunión que gesta vida y fundamenta la familia”, recordó la Iglesia.
“Lo que la Iglesia católica enseña sobre esta materia es claro y conocido: ‘la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador’ (Catecismo de la Iglesia Católica, 1603)», continuaron los obispos.
«La familia es el ‘lugar primario de relaciones interpersonales, célula primera y vital de la sociedad (…) nacida de la íntima comunión de vida y de amor conyugal fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer’ (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, 211)”, indicaron.
Por último, los obispos chilenos recordaron la enseñanza del papa Francisco. Esto en su exhortación apostólica Amoris laetitia. Tomaron el punto en la que se afirma:
“No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia” (AL, 251).
Respeto y dignidad
“Lo anterior, en ningún caso contradice la firme convicción de la Iglesia en cuanto a que ‘toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta’ (AL, 250)», subrayaron.
Y añadieron:
«Por lo demás, desde el punto de vista de los derechos de las personas que deciden vivir juntos, la legislación nacional ha establecido un régimen que ampara jurídicamente su decisión y le otorga un reconocimiento”
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